NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO

En el marco de la colaboración iniciada con el despacho Acuña Abogados mediante la anterior publicación, hoy tenemos el placer de presentaros el artículo que el Director del mencionado despacho ha dedicado a los lectores de Leges para Bellum. A buen seguro les va a resultar muy interesante el contenido del mismo, debido a la falta de conocimiento que se tiene en materia de los derechos, cuando éste ocupa la posición jurídica de interesado en el procedimiento administrativo. Así mismo, sirva este artículo como inicio de una serie dedicada al seguimiento del procedimiento administrativo en las Fuerzas Armadas, que iremos publicando próximamente en Leges para Bellum.

Jesús Manuel González Acuña es Director de Acuña Abogados, despacho especializado en Derecho Militar.

http://www.acuna.es/

NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Cuando llevaba escasas semanas ejerciendo esta apasionante profesión fui convocado al Colegio de Abogados para hacerme entrega del carnet de colegiado. En un principio pensaba que se trataría de un mero trámite, pero me llamó la atención que nos citaran a todos los recién colegiados a la misma hora y en el salón de actos del Colegio.

Una vez en la institución colegial, el entonces Decano, D. Fernando Alandete, nos dio una pequeña charla, con su habitual estilo cordial y cercano, de prosa sencilla y la dicción pausada del que habla con conocimiento de causa. Esa charla iba dirigida, como digo, a letrados que comenzaban su andadura profesional, por lo que D. Fernando nos dio unos breves consejos acerca de la deontología profesional del abogado, señalándonos cuáles eran los tres asuntos más habituales que se trataban en la comisión deontológica del Colegio.

Tales palabras las he recordado siempre que se me ha planteado una cuestión que pudiera vulnerar ese código deontológico y me han guiado en mi actuación profesional, por lo que no me ha hecho falta levantarme a buscar el código para salir de la duda.

De este modo, lo que se trataba de un acto de mero trámite (podrían haberme remitido el carnet mediante un frío y despersonalizado envío postal certificado), la personalidad de aquel Decano lo convirtió en una lección magistral.

Esto viene a cuento porque los que escribimos artículos jurídicos solemos centrarnos en cuestiones doctrinales que revisten, sin duda, interés (o, al menos, eso quiero creer) pero cuya aplicación práctica puede tener un ámbito de destinatarios muy reducido.

Por eso en ocasiones no está de más dedicarnos a cuestiones básicas que nos ayuden en nuestra interacción diaria con la Administración, bien sea como funcionarios públicos, bien como ciudadanos. A la primera de estas situaciones nos referimos a continuación, si bien el lector podrá deducir que algunos de esos consejos son aplicables en la relación con la Administración independientemente de su condición militar.

Una peculiaridad de la Administración militar: el conducto reglamentario.

Es cuestión pacífica desde la promulgación de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 que esta regulación de la acción administrativa rige plenamente en la Administración militar.

Por lo tanto, las peticiones que realicen los militares, relacionadas con el servicio y su relación pública, se sujetan al régimen administrativo común, si bien deben realizarlas individualmente y siguiendo el llamado conducto reglamentario, que sigue la línea vertical de jerarquía (art. 28 RROO FAS). No obstante, el transcurso del tiempo y la tímida, pero imparable, entrada de la democracia en los cuarteles ha ido suavizando la aplicación del conducto reglamentario, existiendo excepciones al mismo, como las siguientes:

  1. El militar puede plantear iniciativas y propuestas que afecten con carácter general a los miembros de su categoría directamente ante el oficial, suboficial mayor y cabo mayor designados al efecto (art. 28 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas). No deben confundirse las iniciativas y propuestas con las quejas, para las cuales el mismo artículo mantiene la exigencia de observar el conducto reglamentario.

  1. El parte disciplinario, que puede ser presentado directamente ante la Autoridad o mando con competencia para sancionar o para acordar la incoación de expediente disciplinario (art. 42 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas), si bien debe informarse de esta circunstancia al inmediato superior.

  1. Una especialidad del parte disciplinario es el que da la víctima de acoso sexual, que podrá presentarlo directamente, además de ante el citado mando, también ante la UPA (Unidad de Protección frente al Acoso), conforme al art. 9.1.1 del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. Ahora bien, como señala Santiago Casajús en su blog «La Toga Castrense»1, en ambos supuestos (parte ante la autoridad disciplinaria y parte ante la UPA), la norma exige que se informe de tal circunstancia al inmediato superior, pero en ningún caso que se le entregue copia del parte.

  1. Tampoco se exige el conducto regular cuando se formulen alegaciones ante el instructor en expedientes en los que el militar tenga la condición de interesado (expedientes disciplinarios; de aptitud psicofísica; de responsabilidad patrimonial, etc), en cuyo caso se podrán presentar directamente ante el instructor del expediente.

En todo caso, cuando se presenta cualquier escrito ante la Administración, debe aportarse original y copia, para que esta última sea sellada, datada y devuelta al interesado para que la conserve como recibo de su presentación.

La situación inversa: cuando es la Administración quien notifica al militar

Cuando se notifica personalmente al militar una resolución oficio, o acto relacionado con el servicio o con su relación pública, hay que tener en cuenta dos cuestiones:

a) La firma de que ha sido notificado un documento es obligatoria, si bien ello no implica conformidad con su contenido. Es muy recomendable que, tanto en el original que se nos entrega a firmar como en la copia que se conserva por el interesado, se deje expresa constancia de la fecha en la que esta se realiza, pues es a partir de dicha fecha cuando comienza a correr el plazo para la actuación que al interesado le pudiera interesar (formular alegaciones, entablar recursos, etc).

En todo caso, ante la duda de si la firma puede suponer algún perjuicio o renuncia de derechos, el interesado puede estampar, además de la fecha, la expresión «NOTIFICADO Y NO CONFORME» o alguna similar.

b) Se tiene derecho a obtener copia de todo acto administrativo que sea entregado para firmar, bien porque se posea la condición de interesado en dicho procedimiento, lo que sucederá en la mayor parte de las ocasiones (art. 53.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [en lo sucesivo, LPACAP]); bien por el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros (art 13.c de la misma norma y Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia).

A este respecto, se da mucha conflictividad en la notificación de los IPEC’s, pues en algunas unidades se producen reticencias -cuando no claras negativas- a facilitar copia de las calificaciones y observaciones del calificador, práctica que debe descartarse de plano, pues se produce una real y efectiva indefensión cuando se ofrece el trámite de audiencia en el proceso de calificación pero no se da acceso al contenido del IPEC, pues no se puede alegar contra lo que no se conoce.

En todo caso, cuando la notificación se trata de un trámite de audiencia, se tiene derecho a obtener no sólo copia de la propia resolución que se notifica, sino de la totalidad del procedimiento (art. 82 LPACAP)

Esperamos que estas dos breves disertaciones acerca de cómo presentar escritos ante la Administración y cómo recibir las notificaciones sirvan para evitar alguna situación desagradable o de desamparo de los destinatarios de la norma.

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Un comentario sobre “NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO

  1. Muy útil para los que nos dedicamos a diario al tema de personal, a veces la legislación es algo difusa y cuesta interpretarla

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