DISCRIMINACIÓN POR REAL DECRETO

Hola a todos. Hace unos días recibimos en este blog una consulta del compañero Luis, en la que preguntaba sobre que pasaría en caso de causar baja en las Fuerzas Armadas con motivo de una perdida de la aptitud psicofísica. Así mismo, por diversos motivos, en los últimos días nos hemos topado de frente con esta temática, por ello hemos decidido realizar un acercamiento a la normativa reguladora, al igual que anteriormente hemos hecho con otros temas.

Pues bien, de entrada nos encontramos con que la materia se encuentra regulada por el Real Decreto 1186/2001. Este Real Decreto regula expresamente el régimen de Clases Pasivas de los miembros de la escala de Tropa y Marinería, así como a los militares de complemento. No obstante, hay que remarcar que en el artículo 1.1.a del Real Decreto 1186/2001 se especifica que el mismo se aplica a “los militares de complemento y militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios profesionales no permanente“. Vemos por tanto que la sola existencia del Real decreto que nos ocupa supone una distinción y una discriminación per se, que han de soportar los miembros de las Fuerzas Armadas con una relación profesional de carácter temporal, frente a los “militares de carrera” (entre los cuales se encuentra la Tropa y Marinería permanente). Los militares de carrera ven regulados sus derechos pasivos mediante el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, al igual que el resto del funcionariado.

Este asunto ya fue tratado por el despacho especializado Acuña Abogados hace un par de años en el siguiente artículo: https://acuna.es/2015/08/27/derechos-pasivos-de-los-militares-con-compromiso-temporal/

Tras hablar con Jesús Gonzalez, letrado responsable del mismo, hemos llegado a la conclusión de que posiblemente el contenido del Real Decreto 1186/2001 suponga uno de los mayores perjuicios profesionales para el personal “temporal” de las Fuerzas Armadas.

No vamos a realizar una comparativa entre ambas normativas, con el objeto de no extender innecesariamente la presente entrada (si bien se ha enlazado con el BOE a fin de que los interesados puedan hacerlo por si mismos), pero sí que se van a analizar ciertos puntos interesantes.

En primer lugar hay que detenerse en el artículo 1.2 del Real Decreto, como ya hiciese Jesús Gonzalez en su artículo de 2015. Y es que según éste precepto, el contenido del Real decreto será aplicable “cuando el accidente, lesión o enfermedad determinantes de la insuficiencia de condiciones psicofísicas o el fallecimiento se hayan producido a consecuencia de un hecho” ¿Que quiere decir esto? que mediante una interpretación literal del contenido del artículo el Ministerio de Defensa, así como los Jueces y Tribunales, desechan la posibilidad de que el “militar temporal” puedan percibir ningún tipo de indemnización ni pensión, siempre que la insufuciencia no se haya producido a consecuencia de un hecho. Es fácil de entender por tanto que en caso de desarrollar alguna enfermedad que terminase impidiendo al “militar temporal” desarrollar sus funciones, el mismo se vería en la calle y sin ninguna compensación económica. Esta situación puede dar lugar a agravios comparativos del todo ilógicos, tal y como señaló jesús Gonzalez en su artículo: “veamos un ejemplo: un militar temporal que sufra una enfermedad psiquiátrica, un tumor o una cardiopatía isquémica (infarto, angina), etc., puede ser incapacitado para su profesión sin derecho a pensión ni indemnización, por no tener tales dolencias su origen en un «hecho». Sin embargo, si ese mismo militar, con una elevada ingesta etílica, hace uso de un vehículo y provoca un siniestro en el que resulta con lesiones que le producen la incapacidad, sí que tendría derecho a pensión, al haber tenido su origen «a consecuencia de un hecho»”

En segundo lugar nos fijaremos en el artículo 3 del Real Decreto, cuya particularidad más importante es que con el fin de determinar la prestación que corresponda “únicamente serán válidos los dictámenes médicos periciales de la Sanidad Militar

En el artículo 6 se regulas las pensiones por inutilidad para el servicio. En dicho precepto se regulan los diferentes tipos de incapacidad, pero lo reseñable es que por debajo del 25% de discapacidad no aprecia ningún tipo de incapacitación para el servicio, como podemos observar en el apartado 1.b, lo cual elimina la posibilidad de recibir una pensión. Hay que recordar llegados a este punto, que como dijimos anteriormente es la Sanidad Militar la que fijará el grado de incapacidad a efectos de determinar una posible indemnización o pensión.

Para los grados de incapacidad menores de 25% se prevé la indemnización, según los términos indicados en el artículo 7.

A modo informativo, pensamos que estos son los aspectos más reseñables de la norma por su incidencia en la casuística. Aún así, hemos de decir que a parte de querer informar, el objetivo de esta entrada es el poner el foco una vez más sobre discriminación, que se nos antoja palmaria. Los “militares temporales” soportan las mismas cargas en concepto de clases pasivas que los “militares de carrera”, lo cual hace incomprensible que no disfruten de los mismos derechos en tal concepto. Por tanto pensamos que es el momento de poner el tema sobre la mesa y poner fin a este agravio, impropio de unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales.

Un saludo.

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